15 años de un derecho a medias
A finales del 2005 y principios de 2006 algunos movimientos políticos y feministas buscaban los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, que se traducían en un acceso legal y seguro a la interrupción voluntaria de los embarazos (aborto), luego de un largo debate la corte constitucional dicto la sentencia C-355/2006.
El 10 de mayo de 2006 se expidió la sentencia C-355, la cual establece los mecanismos para acceder a procedimientos seguros y legales en el derecho a la interrupción del embarazo, evitando que aquellas mujeres que deseen interrumpir un embarazo lo hagan con procedimientos inseguros que pongan en riesgo su vida.
La sentencia estableció y establece 3 causales legales para la interrupción voluntaria del embarazo:
1: Que continuar con el embarazo ponga en riesgo la salud (tanto física como mental) o la vida de la mujer.
2: Malformación del feto que haga inviable la vida fuera del vientre.
3: Embarazo como resultado de un acto sexual sin consentimiento (violación), fecundación no consentidas e incesto.
En esa época se sentó un precedente en la política nacional, en los movimientos sociales y feministas nacionales e internacionales, dado que la sentencia fue un primer paso para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas, pues brindó y brinda una opción legal y segura para la interrupción voluntaria del embarazo. También hizo que Colombia fuera un referente en temas de aborto para muchos países de Latinoamérica, países cuyos ciudadanos en la actualidad buscan promover el aborto en sus constituciones, como es el caso de República Dominicana.
Sin duda la sentencia tuvo factores positivos, pero aún queda mucho camino por recorrer, desde el desconocimiento de las mujeres sobre la existencia de la norma legal y los mecanismos de acceso, hasta los imaginarios, preceptos y prejuicios que lo convierten en un tema tabú. Hoy el aborto en Colombia se enfrenta a un sin fin de barreras, como la falta de rutas y procesos claros para el acceso a la atención por parte de las mujeres y en especial por parte del sistema de salud (EPS e IPS).
Hoy hay un movimiento social enfocado en buscar una despenalización más amplia o total que reivindique la libertad y el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, pues al reconocerse solo 3 causales se acentúan las desigualdades y se invisibilizan las circunstancias de cada caso. El debate está en la mesa y esperamos se siga avanzando legalmente, pero también socialmente para entender que el aborto es un tema de salud pública, de libertades y que no basta solo con despenalizarlo (aunque es un gran primer paso) sino que se entienda la importancia de eliminar las barreras y crear conciencia del asunto.